La pobreza puede ser definida como aquella circunstancia económica en la que una persona carece de los ingresos suficientes para acceder a los niveles mínimos de salud, alimento, vivienda, vestido y educación. En el Perú la pobreza se mide con el Índice de Desarrollo Humano (IDH) que contempla las necesidades básicas para una vida digna. Con un IDH promedio nacional de 0.69, las regiones más pobres son Huancavelica, Ayacucho, Apurimac y Huanuco (menos del 0.5 de IDH), siendo Lima, la capital, la única región del Perú con un 0.8 de IDH.

Según cifras del INEI, el 54% de la población del país es pobre y otro 14% de peruanos vive en condiciones de extrema pobreza. La lucha contra la pobreza ha sido el principal eslogan de los candidatos a la presidencia y es mencionada constantemente por los gobiernos para demostrar su compromiso social. A través de las OPD (Organizaciones Públicas Descentralizadas), el gobierno desarrolla los programas de apoyo social los cuales consisten básicamente en proveer asistencia alimentaria a la población más pobre localizada principalmente en las comunidades campesinas de la sierra y en los pueblos jóvenes de las ciudades. Sin embargo estos programas han sido duramente criticados por ser considerados como una medida asistencialista que crea una dependencia entre los beneficiaros y el Estado. Esta "politización" de los programas de apoyo social subordina el desarrollo a los intereses particulares de los gobernantes.

A pesar de contar con un potencial económico importante en sectores como el minero, pesquero, agro-exportación, forestal y turismo, las actividades económicas en el Perú son básicamente extractivas lo cual no permite crear valor agregado a la producción y nuevos puestos de trabajo. En ese sentido los salarios son bajos con una Remuneración Mínima Vital de S/.460 ($130 aproximadamente) al mes y una alta tasa anual de desempleo de 9%. Del 40% de la Población Económicamente Activa (PEA) sólo un 15% tiene empleo estable, el resto de la población tiene que buscar empleos y subempleos mal pagados que fortalecen la informalidad.

El nivel de educación de la PEA que tiene estudios secundarios o superior es de 59.2% en promedio. Sólo las regiones de Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna superan este índice; todas localizadas en la costa del sur peruano. Las demás regiones del país no superan el índice llegando a niveles inferiores del 40% para casos como Amazonas, Huanuco, Huancavelica, Ayaucho, Apurimac y Puno. Cerca de 1.3 millones de habitantes mayores de 15 años no sabe leer ni escribir; la mayoría son mujeres. Ocho de cada cien trabajadores son niños entre 6 y 14 años de edad quienes tienen que dejar de estudiar por proveerse los medios de subsistencia. El trabajo infantil degenera en una explotación que el Estado no puede controlar tales como la prostitución en las ciudades y la esclavitud en la selva.

A nivel nacional sólo un uno de cada dos hogares cuenta con desagüe y uno de cada tres carece de agua potable. El explosivo crecimiento de las ciudades y el inadecuado manejo del recurso agua no permite que se pueda proveer a toda la población, sobretodo la más pobre, de este recurso exponiéndola a enfermedades y a focos infecciosos permanentes.

A pesar de las cifras mencionadas, la inversión extranjera en los últimos diez años ha sido dirigida principalmente en sectores primarios como la minería extractiva. En las ciudades, dicha inversión se ha dirigido a los sectores terciarios de consumo masivo como cadenas de tiendas comerciales y telecomunicaciones. En el Perú las cifras macroeconómicas muestran un crecimiento anual del PBI en 4%, unos de los más altos de la región y la balanza comercial es positiva después de décadas. Esta gran contradicción donde el país se enriquece pero su población se empobrece es el reflejo de un sistema económico mundial imperante que no reconoce la vida como una finalidad en si misma sino como un medio para generar riqueza y poder.